Este miércoles 8 de julio se llevó adelante la Reunión del Consejo Asesor de Acompañamiento del E.P.R.E.
En la misma, a solicitud de municipios y distintos sectores de usuarios residenciales, comercios, industrias y organizaciones de la provincia, se trató la presentación del E.P.R.E. ante el ENReGE respecto de la solicitud de acceso y ampliación de la red de transporte de 500 kV vinculada a la primera etapa del desarrollo del proyecto minero Vicuña.
A la convocatoria asistieron los Intendentes de los Departamentos de Jáchal, Calingasta, Ullúm, Iglesia, diputados provinciales de Sarmiento y de Jáchal, el representante de CASEMICA (Cámara Minera de Calingasta, Adolfo Ibaceta), Defensoria del Pueblo, CGT San Juan, SIndicato Luz y Fuerza, Asociación Amas de Casa, Centro de Ingenieros de San Juan, Asociación de Viñateros Independientes, Cámara de Energías Renovables, entre otros.
El E.P.R.E. explicó detalladamente la presentación realizada ante el ENReGE. Se desarrollaron los fundamentos técnicos, jurídicos y económicos, además se analizaron diferentes alternativas que aporten a viabilizar el desarrollo de la minería, de la provincia y la defensa de los derechos adquiridos por los usuarios de San Juan.
Los presentes expresaron la voluntad irrenunciable en apoyo a la Minería para el pronto inicio de los proyectos mineros, a la vez que apoyaron de manera unánime y contundente, la oportuna formulación del E.P.R.E. de oposición formal y fundada, sujeta a levantamiento si la empresa minera suscribe Acuerdos de Mitigación.
Se consideró el estudio técnico normativo independiente realizado por el Instituto de Energía Eléctrica, de la UNSJ – CONICET, que validó el enfoque de mitigación y lo enmarcó en la práctica regulatoria internacional de países como Reino Unido, EE.UU. Cánada, Australia, Chile y Perú.
Se acordó, como conclusión fundamental, que quedó demostrado de manera nítida e incuestionable, que la propuesta del EPRE San Juan es técnicamente sólida, económicamente equitativa y plenamente fundamentada en las prácticas regulatorias internacionales.
Las evidencias analizadas mostraron que el libre acceso indiscriminado consagrado normativamente no representa bajo ningún concepto un derecho absoluto que faculte a un agente privado a capturar de hecho y gratuitamente la capacidad remanente de una infraestructura pública que fue financiada históricamente con fondos provinciales y de los usuarios en sus facturas de electricidad.
Se acordó además por parte del Consejo de Acompañamiento el seguimiento de la evolución de la situación en espera de la Resolución final que debe emitir el ENReGE
